Los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, van a ser castigados con la pena de multa de 12 a dieciocho meses. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años a los que empleen fuerza, crueldad o intimidación para impedir a los integrantes de dichos Organismos asistir a sus respectivas asambleas. Incurrirán en la pena de multa de 12 a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen dificultosamente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma.
El que, teniendo a su cargo la custodia de un individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta o un persona con discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un par de años, sin perjuicio de que los hechos formen otro delito mucho más grave. El educador, facultativo, autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su profesión o cargo, realice las conductas descritas en los 2 artículos precedentes, incurrirá en la pena en ellos señalada y, además, en la de inhabilitación particular para empleo o cargo público, profesión u oficio, de 2 a seis años. La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta a lo largo del tiempo de la condena, salvo que esta ahora estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate. El Juez va a poder además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación va a deber determinarse de manera expresa en la sentencia. Incurrirá en la pena de inhabilitación particular para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a propósito, no permita a una persona el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las Leyes.
Capítulo 126 Lesiones De Los Meniscos Matthew V Smith, Md; Rick W Wright, Md
6.ª Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la entendimiento de su situación patrimonial o financiera. También va a ser punible la destrucción o perturbación de los libros contables, en el momento en que de esta manera se dificulte o no permita de forma importante la comprensión de su situación familiar o financiera. 2.ª Realice actos de predisposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o a través de la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación familiar del moroso, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial. Este delito va a ser perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara un procedimiento concursal. 1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
Mónica decide llamar a Ana y convencerla a fin de que trabaje con ella. Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan almacenar esta Ley Orgánica. 1.º Quedan suprimidas las letras a), k), l) y v) del apartado 2.B) del artículo 20. H) Del tráfico de influencias (productos 428 a 430). F) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).
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B) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se comprenderá que se está frente este último supuesto siempre y cuando la actividad legal de la persona jurídica sea menos importante que su actividad ilegal. 7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán racionalmente para la individualización de la pena.
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Si éste estuviera castigado con pena de otra naturaleza, la pena privativa de libertad va a ser sustituida por la de multa de seis a veinticuatro meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a ésta, en cuyo caso se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad inferior. El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, va a ser castigado con la pena de prisión de uno a tres años. La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años. En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del peligro causado y a el resto situaciones del hecho.
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El que por imprudencia grave provocare un delito de estragos va a ser castigado con la pena de prisión de uno a 4 años. Se impondrá la pena en su mitad superior en el momento en que las conductas tipificadas en el presente artículo se realicen en conjunto de tres o mucho más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente. Los hechos previstos en este capítulo van a ser sancionados, en su caso, con la pena inferior en nivel, en sus propios teóricos, en el momento en que se hayan cometido por imprudencia grave. Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de conseguir subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Popular durante el periodo de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.
El que por cualquier medio, sin autorización y de forma grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciera inalcanzables datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. Si la cuantía del daño provocado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses. El que causare daños en propiedad extraña no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño. El que en trámite concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de poder inapropiadamente la declaración de aquel, va a ser castigado con la pena de prisión de uno a un par de años y multa de seis a 12 meses. Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una lástima de multa de uno a tres meses. El que hiciere empleo de cualquier aparato terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, y causando a este un perjuicio económico, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.
A) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente lograda, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de un par de años. El que consiga subvenciones o ayudas de las Gestiones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido va a ser castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que realice el reintegro a que tiene relación el apartado 6. Las mismas penas se impondrán cuando, según con lo predeterminado en el artículo 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los hechos.
En el momento en que con los actos sancionados en los productos 379, 380 y 381 se ocasionare, además del peligro prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en cualquier caso, al resarcimiento de la compromiso civil que se hubiese producido. 1.ª Que el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, profesional sanitario, docente, educador, entrenador físico o deportivo, y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. El que por imprudencia grave provocare ciertos delitos de incendio penados en las partes anteriores, será castigado con la pena inferior en nivel, a las respectivamente previstas para cada supuesto. El que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a extenderse el incendio de los mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a 12 meses. 4.º Si las formas de proceder reseñadas en los apartados precedentes se llevaren a cabo con crueldad o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
M) Delitos contra la salud pública de los artículos 368 a 373. H) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298. C) Delitos informáticos de los apartados 2 y 3 del artículo 197 y producto 264. 1.º A la reparación del daño provocado e indemnización de los perjuicios. Las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente causantes de todo delito.