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Incurrirán en la pena de prisión de quince a veinte años los integrantes del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución, declararan la guerra o firmasen la paz. El extranjero residente en España que cometiere ciertos delitos comprendidos en este capítulo va a ser castigado con la pena inferior en nivel a la señalada para ellos, salvo lo establecido por Tratados o por el Derecho de gentes sobre los gobernantes diplomáticos, consulares y de Organizaciones internacionales. Se impondrá la pena superior en nivel al que obre como jefe o promotor, o tenga algún mando, o esté constituido en autoridad. El español que indujere a una capacidad extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para exactamente el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años. Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, van a poder imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio usado o el resultado producido.

Gaitán castiga a Pedro impidiendo que utilice el vehículo para uso personal. El Presidente del Parlamento exhibe, a los efectos previstos en el apartado previo, la representación de la Cámara. La Mesa de la Cámara va a poder personarse tras adoptar acuerdo al efecto, frente al Tribunal Constitucional en esos recursos de amparo que, en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre , sean interpuestos contra decisiones o actos sin fuerza de Ley, manados de exactamente la misma. La designación de los Parlamentarios Forales que, de conformidad con lo dispuesto en el producto 87.2 de la Constitución , deban proteger ante el Congreso de los Miembros del congreso de los diputados las proposiciones de Ley aprobadas por el Parlamento de Navarra se efectuará de conformidad con las normas que, a tal fin, dicte la Mesa de la Cámara previo acuerdo vinculante de la Junta de Portavoces. La elaboración por el Parlamento de Navarra de las proposiciones y proposiciones de Ley a que tiene relación el producto 87.2 de la Constitución se ajustará a lo predeterminado en el Capítulo II del Título VI de este Reglamento .

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8.º Tratándose de prohibición de estar comunicado con la víctima o con esos de sus familiares u otra gente que determine el juez o tribunal, exactamente la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima será de 20 años. 7.º Tratándose de prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otra gente que determine el juez o tribunal, exactamente la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima va a ser de 20 años. 2.º Si fuera de inhabilitación absoluta o especial, la misma pena, con la cláusula de que su duración máxima va a ser de 30 años.

B) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero, incluyendo un organismo público o una compañía pública, para la Unión Europea o para otra organización en todo el mundo pública. A) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por ascenso como por elección. En los supuestos descritos en los productos 392, 393, 394, 396 y 399 de este Código también se entenderá por uso de documento, despacho, certificación o documento de identidad falsos el uso de los que corresponden documentos, despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado por quien no esté legitimado para esto.

Las sesiones de la Comisión Permanente serán convocadas por su Presidente, por propia iniciativa o a solicitud de al menos dos Conjuntos Parlamentarios o de una representación de un quinto de los miembros de la Cámara. Esa solicitud va a deber incluir, en cualquier caso, el pertinente orden del día en el que sólo podrán figurar esos temas que, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, sean propios de la competencia de la Comisión Persistente. Si la petición cumple con la referida exigencia, el Presidente convocará la sesión de acuerdo con el orden del día propuesto. Los plazos referidos en los apartados anteriores van a poder ser ampliados por la Presidencia del Parlamento en el momento en que lo estime necesario. Las Comisiones de Investigación podrán entrar, para el cumplimiento de sus objetivos, a toda la información cuidada del pertinente Registro de actividades y también intereses de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral. La Comisión de Peticiones, una vez examinada una petición y declarada inadmisible, acordará su archivo sin otro trámite en el caso de que la remisión a que tiene relación el apartado previo no sea procedente.

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A) Con voz y voto, los Parlamentarios Forales integrantes de la Comisión o sus sustitutos acreditados conforme a lo predeterminado en el presente Reglamento. Si, a juicio de la Mesa de la Cámara y oída la Junta de Portavoces, la petición se ajusta a lo establecido en el apartado anterior, el Presidente convocará la sesión de acuerdo con el orden del día propuesto. Las sesiones de las Comisiones serán convocadas por el Presidente del Parlamento, según con la Mesa de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces, por idea propia o a petición de, cuando menos, 2 Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los integrantes de dicha Comisión. Las Comisiones conocerán de los asuntos que les encomiende la Mesa de la Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavoces y, en su caso, elaborarán un Dictamen de cada uno de los asuntos que tramiten, recogiendo los acuerdos adoptados, que se elevarán al Pleno de la Cámara por conducto de la Mesa del Parlamento, con las firmas del Presidente y del Secretario.

Va a ser castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona perjudicada, propague, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiese conseguido con su anuencia en un residencia o en cualquier otro rincón fuera del alcance de la mirada de otros, en el momento en que la divulgación menoscabe dificultosamente la intimidad personal de esa persona. Si los hechos se realizan con objetivos rentables, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este producto en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado previo, la pena a imponer será la de prisión de 4 a siete años. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que mencionan los números anteriores. Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, profesores o cualquier otra persona encargada de hecho o de derecho del menor o persona con discapacidad necesitada de particular protección, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este Título, van a ser castigados con la pena que les corresponda, en su mitad superior.

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Si el culpable hubiere logrado su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a asustar a los pobladores de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo popular o profesional, o a cualquier otro conjunto de individuos, y tuvieran la gravedad que se requiere para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el producto anterior. La distribución o difusión pública por medio de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a fomentar, promover o incitar a la autolesión de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de particular protección va a ser castigada con la pena de prisión de seis meses a tres años. Si los hechos se hubieran cometido usando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá además la pena de privación del derecho a conducir automóviles a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Si las precedentes formas de proceder, por sí mismas o conjuntamente con otras, tengan la posibilidad de dañar dificultosamente la estabilidad de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses y también inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de cárcel de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u trabajo por tiempo de uno a cinco años. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión en el momento en que los hechos a que mencionan los apartados precedentes revistan especial gravedad, atendiendo a la manera de comisión del delito o a los perjuicios causados y, en todo caso, en el momento en que concurra alguna de las circunstancias expresadas en el producto 235.

Si se tratase de ciertas lesiones previstas en el producto 150 se castigará con la pena de prisión de ocho a quince años, y de 4 a ocho años si fuera cualquier otra lesión. El que sin autorización expresa reprodujere planos o documentación referentes a zonas, instalaciones o materiales militares que sean de acceso restringido y cuyo conocimiento esté protegido y guardado por una información legalmente calificada como reservada o secreta, va a ser castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años. El que, sin propósito de beneficiar a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada o segrega, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas usados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, va a ser castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años. El español que, en tiempo de guerra, comunicare o hiciere circular novedades o comentarios falsos encaminados a perjudicar el crédito del Estado o los intereses de la Nación, va a ser castigado con las penas de cárcel de seis meses a dos años.

De no realizarse la restitución en el período señalado, se castigará el hecho como hurto o robo en sus propios casos. 4.º Cuando se intente productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se usan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a exactamente las mismas. En todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas pertinentes para la debida custodia y protección del menor.

Presa Capítulo 196

Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública corriendo actos de crueldad sobre la gente o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una lástima de seis meses a tres años de prisión. Exactamente las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen violencia o intimiden a las personas que asistan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios. La provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de los delitos previstos en los productos precedentes, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito pertinente.

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El Presidente de la Comisión, en un caso así, trasladará al Presidente del Parlamento las enmiendas a la integridad que se hubieren presentado para su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria en que hayan de debatirse. Los miembros del público que, de cualquier modo, perturben el orden van a ser sancionados por el Presidente con la expulsión de la salón. El Presidente podrá ordenar el desalojo de la salón por todo el público si los perturbadores no fueran identificados o en el caso de alboroto. Cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella, promoviere caos grave con su conducta de obra o de palabra va a ser en el instante echada.

\’el Aro: Capítulo Final\’

En este caso, junto a razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría argüirse que no tiene que ver con normas incriminadoras, sino más bien de reglas que regulan supuestos de no incriminación. El Tribunal Constitucional demandó que, en la configuración de dichos supuestos, se adoptasen garantías que no parecen propias de un Código Penal, sino más bien de otro tipo de regla. Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra de las leyes especiales se fundamentaba en el hecho innegable de que el legislador, al elaborar un Código, se encontraba constreñido, por causas externas de trascendencia social, a respetar los principios constitucionales, cosa que no ocurría, u ocurría en menor medida, en la situacion de una ley especial. En el marco de un constitucionalismo flexible, era ese un razonamiento de especial relevancia para fundamentar la intención de universalidad absoluta del Código. Hoy, no obstante, tanto el Código Penal como las leyes especiales se hallan jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella, no solo por esa jerarquía, sino más bien asimismo por la presencia de un control jurisdiccional de la constitucionalidad.

El reintegro va a impedir que a dicho sujeto se le persiga por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiese haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación. Aparte de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la oportunidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años. En los procedimientos por el delito contemplado en el artículo, para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Popular que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.

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